OPINIÓN de Dardo Gasparre – El Gobierno ha anunciado que practicará una auditoría externa (las internas se han desmantelado) en todas las áreas de la administración pública para determinar el estado de situación en el que asume la gestión nacional. Sigue aquí la sugerencia que en su momento realizara el talentoso economista Roberto Cachanosky, con todo tino.

Una auditoría, en el caso del Estado, debería conllevar dos aspectos completamente distintos. Uno es la verificación de todas las normas del manejo presupuestario, las partidas, su ejecución, los diferentes puntos de cumplimiento legal que se requieren de los funcionarios en cada estamento estatal. Ciertamente eso es necesario y probablemente se encuentren irregularidades de diversa importancia, algunas graves y hasta punibles.

El otro aspecto es más parecido al de cualquier empresa privada. El análisis de cada contratación, licitación o acuerdo y los respectivos cumplimientos de las normas de adjudicación. Posteriormente, el estudio del desarrollo de esos contratos, cumplimiento, litigios, demandas, pagos y otras eventualidades. Por supuesto que desde el origen la comparación de precios es fundamental.

En un rubro aparte colocaremos a las tercerizaciones, en cualquiera de sus formatos y en cualquier tipo de prestaciones que se realicen. Este apartado requiere un largo comentario que haremos más adelante.

Por último, está el caso de todas las facturas que no se originan en los dos apartados anteriores y que, sin embargo, implican un monto trascendente.

Una auditoría en el Estado tiene tres objetivos centrales. Primero, asegurarse de que las operaciones realizadas han sido legítimas y no existen situaciones delictivas. Segundo, determinar el estado de situación a un momento determinado de las cuentas de la administración. Tercero, tomar los recaudos para que no se sigan realizando pagos indebidos o improcedentes originados en la gestión revisada.

Por la situación en que se realiza este trabajo, es de esperar que se encare a nivel nacional, provincial y municipal en todas aquellas jurisdicciones en que haya habido un cambio de signo en el Gobierno. También será fundamental que la revisión no se limite solamente a la evaluación del déficit o del cumplimiento presupuestario, sino que abarque los demás aspectos que hemos puntualizado.

Esto porque habría que aprovechar esta auditoría para bajar el gasto, no sólo para deslindar responsabilidades. Y ciertamente el gasto puede bajar varios puntos con los resultados de este trabajo.

Es redundante puntualizar el rico campo que son los contratos, las licitaciones, las concesiones y todos sus derivados. Desde los juicios inventados en conjunto, cuyos plazos se dejan caer a propósito, hasta el viejo sistema de repartirse las licitaciones entre los contratistas. Sin olvidar las prórrogas y los agregados sin licitación y todo el pentagrama de trampas conocido.

El componente privado mafioso del gasto: el ahorro aquí es incalculable. Pero eso será cuestión de una política de Estado y tomará muchos años para luchar contra la acusación de inseguridad jurídica que esgrimirán los ladrones públicos y privados.

Pero donde más rápido se encontrarán enormes fraudes y grandes ahorros futuros es en las tercerizaciones. Este ha sido el método exprés preferido por los corruptos públicos y privados para saquear al Estado nacional, a las provincias y a los municipios.

Cientos de miles de tercerizaciones, que ya no tienen el clásico diezmo de retorno, sino que, al revés, es todo mentira, y el privado que presta el servicio recibe apenas 20% o 30% de la factura y un mecanismo de ceguera impositiva para que el costo del retorno no encarezca la operatoria y licue la ganancia.

Vigilancias que no existen o al triple de precio, asesores de todo tipo que realizan informes copiados o vacíos, siempre innecesarios, servicios por los conceptos más inverosímiles, clases de dialéctica, o cursos de coaching, de presentaciones de Power Point, de dicción, de actuación, de cocina o de cualquier cosa de alguien amigo que tenga un membrete y pueda acreditar que algo sabe de algún tema. Ni hablar de los servicios financieros y similares.

El despojo ha sido rampante. No sería descabellado pensar en un ahorro significativo del gasto, que baje un par de puntos el déficit. Un ahorro importante, rápido, ético y con muy bajo costo social.

No se trata de olvidar de todos los otros aspectos del gasto, que por supuesto deben atacarse al mismo tiempo. Simplemente me limito a puntualizar este rubro por la rapidez y la importancia de los resultados.

Pero llevar adelante esta tarea es ciclópeo, carísimo y lento. Ni todos los estudios de auditoría juntos están preparados para semejante tarea. Entonces brindo una alternativa. Propongo la creación de una fuerza de profesionales que trabajen pro bono. Pueden ser retirados, jubilados o donar tiempo parcial, o estar temporariamente sin empleo. Miles de voluntarios, como los fiscales, pero con formación y experiencia.

La tarea se haría entonces de una forma mixta. Bajo la dirección y la supervisión de un estudio de auditores, pero con el aporte a distintos niveles y especialidades de este batallón de voluntarios. La tarea en sí puede tomar formas diversas. Se pueden asignar tres o cuatro contratos a cada equipo de dos o tres profesionales, que se concentren en ellos y eleven sus conclusiones y sus dudas a los auditores rentados, o semi integrándose a los cuerpos estables.

Se debe entender que, por tratarse de una tarea única y sin precedentes, se debe recurrir a soluciones únicas.

La tarea de contralor presupuestario y de cumplimiento de leyes presupuestarias deberá hacerse en menor tiempo que el resto, por razones de oportunidad, y acaso solamente por los auditores profesionales. Pero un contrato de asesoramiento para dicción de los empleados de un área cualquiera requiere menos especialidad.

Este sistema evita que se termine dejando la auditoría en manos de la administración interna, por razones obvias, y además obra de control cruzado de la objetividad y la integridad de la tarea del estudio contable a cargo. Pone además a un número muy importante de ciudadanos sin compromiso político alguno a controlar el gasto estatal y a luchar frontalmente contra la corrupción.

Comprendo que se trata de una solución audaz y compleja. Pero no encuentro otros modos de pasar de la discusión obvia, al voleo y de café sobre el gasto a una acción concreta sistemática. Arrojo esta idea con la esperanza de que sea discutida, perfeccionada y aplicada, como un primer movimiento hacia un control de la ciudadanía de la gestión del Estado, que puede ser potenciado por las redes y la colaboración en línea con programas de workflow.

Si parece disparatada, les recuerdo que hace 8 meses nadie creía que Cambiemos podía llegar a tener cien mil fiscales voluntarios, que fueron vitales para su triunfo. Propongo ahora crear cien mil fiscales voluntarios del gasto. Se puede. ¿Se podrá?

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