El bloque de diputados del FCS  le envió una nota a la gobernadora Lucía Corpacci en la que pide explicaciones por los sobresueldos a los funcionarios del Ministerio de Educación, al asegurar que existen contradicciones entre la explicación que la mandataria dio a la prensa y la que dio el ministro de Educación, Daniel Gutierrez, en la Comisión de Educación.
En esta línea requieren un informe donde se especifique los fundamentos que la llevaron a responsabilizar el ex jefe de Gabinete del Ministerio Aldo Creche, por las irregularidades detectadas en el área, “que tiene, como resultado, funcionarios públicos beneficiados con el otorgamiento de 12 horas Institucionales en diferentes Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia que deberían haber sido concursadas”.
En este sentido, señalan que Gutierrez  informó en la Comisión que la investigación sobre las horas institucionales no había sido concluida.
“Según la teoría del delito, el ex jefe de Gabinete sería el autor intelectual. Se reconoce también en esta teoría la figura de los cómplices por omisión y por comisión dentro de la “empresa delictiva”, siendo los primeros aquéllos que tienen el deber de custodia y vigilancia del erario, y que por desidias de los mismos no cumplieron con su obligación de vigilancia y en este caso puntual no cumplió con su obligación y responsabilidad de revisar, previa firma, los méritos del decreto de alta de los individuos que se beneficiaron con las horas institucionales”, indican en la misiva.
Por otra parte,  puntualiza el FCS que se encontrarían los responsables por comisión, los cuales tienen una participación activa dentro de la “empresa delictiva”:  “Se benefician con el resultado del delito, en este caso por aceptar el alta con el subsiguiente cobro de horas para las que no están calificados ni prestan efectivamente. Es importante precisar que dentro de la administración pública no se concretan actos unilaterales, sino que por normativas específicas de acuerdo a cada área y a cada modalidad”, señalan los legisladores.
Más adelante, la nota enviada a la mandataria  indica: “Usted reconoce que hay funcionarios que cobraron de manera ilícita al sostener que ‘devolvieron los haberes percibidos’. Esto constituye en el derecho los que se llama delito de    peculado, que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente como corrupción”.
13/6/2016

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