El gobierno de María Eugenia Vidal está convencido de que hubo complicidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta. Por eso, en las próximas horas, presentará ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul un escrito para que reconozca al Ministerio de Seguridad bonaerense como particular damnificado.

Además, le pedirá al fiscal que investiga la fuga, Cristian Citterio, que tome distintas medidas para que se concrete la detención del jefe de seguridad del penal de General Alvear, subprefecto César Luis Tolosa, señalado como principal sospechoso de facilitar la evasión de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

El ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, explicó que del “sumario administrativo surge que el (guardiacárcel tomado de) rehén (por los tres evadidos) dijo en su declaración que uno de los fugados hizo alusión directa a la complicidad o intervención del jefe de seguridad del penal” en la fuga.

Tolosa es subdirector de Asistencia y Tratamiento en el penal de General Alvear. Pero en el momento de la fuga estaba de turno como jefe de Seguridad. Por eso, fue demorado por la fiscalía. Sin embargo, ante la falta de pruebas ayer quedó en libertad.

Este hecho generó cierto malestar en el gobierno de Vidal. Y Mahiques volvió a pedir la detención del subprefecto. “Fue indagado en el sumario administrativo y no admitió responsabilidades. Pero entendemos que incurrió en contradicciones que, para nosotros, merecerían una explicación más clara”, dijo el ministro.

“Por eso -continuó el ministro Mahiques- pedimos su detención.” Y advirtió que “si permanece en libertad podría entorpecer la investigación”.

La sospecha de connivencia del SPB en la fuga de Schillaci y los hermanos Lanatta comenzó no bien se conoció el hecho el domingo pasado. La fuga ocurrió a las 2.50 de la madrugada y la denuncia formal al 911 se realizó casi dos horas después, a las 4.40, revelaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Pocas horas después, la gobernadora Vidal dispuso la intervención del penal y desplazó a la directora general del SPB.

La primera impresión de la fuga que tuvo la administración bonaerense fue que se trataría de una “maniobra por la presentación del proyecto que declara la emergencia en el SPB y la intención de renovar distintos estamentos del servicio”.

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