Funcionarios del gobierno de Tierra del Fuego aceptaron mantener este miércoles una reunión con integrantes de la denominada unión de gremios estatales, en busca de una salida al conflicto por la vigencia de un paquete de leyes de reforma previsional que hoy cumple 58 días consecutivos.

El encuentro entre las partes se gestó ayer en la sede del Ministerio de Educación, donde se oficializaron los primeros nombramientos de docentes auxiliares para reemplazar a los que están de paro, en una estrategia que llevan adelante las autoridades fueguinas con el objeto de normalizar el dictado de clases en la provincia.

En ese contexto, dirigentes del gremio educativo (Sutef) y el abogado de la entidad, Néstor Sánchez Otharán, pidieron tener una reunión con el titular del área, Diego Romero, y ocuparon las instalaciones hasta que el funcionario accedió a recibirlos.

La vocera de la unión de gremios, Elisa Dietrich, y la representante de los jubilados autoconvocados, Patricia Blanco, se sumaron minutos después al encuentro donde se produjo una comunicación telefónica con el ministro de Gobierno, Gastón Díaz, quien se comprometió a recibir hoy a los sindicalistas, en un nuevo intento por destrabar el conflicto.

Los gremios formalizaron el pedido de audiencia por escrito, en una nota en la que remarcaron la necesidad de discutir el contenido completo de las leyes sancionadas entre el 8 y 9 de enero de este año.

Entre otros temas, quieren debatir el pago de la deuda histórica del Estado con la caja previsional, la autarquía de ese organismo y aspectos de la reforma, como la edad jubilatoria y el cálculo del haber previsional.

Por su parte, el ministro Romero declaró que tras la fallida entrega de cargos docentes del lunes, Supervisión Escolar comenzó ayer a designar personal para sustituir a maestros y profesores que continúan con medidas de fuerza.

“La medida llevará toda la semana y seguirá hasta la normalización del dictado de clases”, indicó el funcionario.

El gobierno insistió en que a raíz de los acuerdos suscriptos con algunos gremios, como ATE de Río Grande y UPCN, solamente aportarán al Fondo Solidario para el sistema previsional los empleados públicos que perciban más de 40.000 pesos mensuales, lo que elimina del abanico de reclamos uno de los puntos centrales que dio origen al prolongado conflicto.

Sin embargo, las protestas continúan con un acampe y bloqueo de los accesos a la casa de gobierno, a lo que ayer se sumó la instalación de una carpa frente al Superior Tribunal de Justicia.

El paro de actividades por tiempo indeterminado sigue afectando la actividad de decenas de oficinas públicas y perjudica a los comercios de la zona céntrica de Ushuaia, que disminuyeron sus ventas un 30 % según cifras de la cámara del sector.

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