El presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Juan Pablo Arenaza (PRO), destacó 2 temas salientes que se debate en la comisión de Seguridad de la Legislatura.

Uno de ellos tiene que ver con la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero, que a mediados de abril dejó 5 muertos por consumo de drogas de diseño. Al respecto afirmó “el lunes siguiente a la tragedia, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (Matías Álvarez Dorrego) concurrió a la Legislatura para ponerse a disposición. Nosotros más que nadie, queremos saber que ocurrió”.

El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello que procese con prisión preventiva al abogadoVíctor Stinfale y los demás acusados de haber organizado la fiesta: Adrián Conci, Maximiliano Avila, Carlos Garat y Martín Gontad.

Arenaza agregó que “hay un nuevo tipo de consumos de estupefacientes, pero vemos que la legislación es antigua en ese tema, en eso trabajamos. Al problema lo han acotado a fiestas electrónicas pero también se da en otros ámbitos”.

También señaló que las respuestas del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a un pedido de informes consensuado por diversos bloques de la Legislatura, “están en un 40% y se darían a conocer en estos días”.

Otro tema importante que se trata en la comisión de seguridad es el traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) a la Ciudad. Arenaza afirmó”siempre mantuvimos la postura de que el Jefe de Gobierno tiene que mantener control sobre las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Ya se concretó el traspaso de los 19.000 efectivos (de los 44.000 que tiene la PFA). Sin embargo, es un proceso largo por los bienes que aún se deben transferir, pero hay muy buena predisposición de los ministros de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y de la Ciudad, Martín Ocampo”.

Cabe destacar que el traspaso incluye a los policías de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (en síntesis, las 54 comisarías porteñas, Infantería y Montada), la Superintendencia de Bomberos y parte de las áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, entre otras).

Arenaza afirmó que el traspaso se da en el marco de un sistema federal de seguridad. “Queremos hacer hincapié en los delitos federales. Hay que aprovechar a las 70.000 personas trabajando en la Policía Federal. Vamos a aumentar los niveles de preparación de los efectivos, para acercarlos a los de la Policía Metropolitana” afirmó el legislador y agregó que “entre estos aspectos está el sueldo. En la Metropolitana no se hacen horas extras, buscamos que eso tampoco ocurra con la Federal. Un policía tiene que trabajar las horas que les corresponde y luego a descansar”.

Los policías federales trabajan 6 horas rotativas (una semana de 0:00 a 6:00, la siguiente de 6:00 a 12:00 y así sucesivamente); los policías de la Metropolitana trabajan 8, pero en turnos fijos.

Un oficial recién recibido de la Metropolitana gana cerca de $15.000. Un agente nuevo de la Federal recibe unos $12.000, aunque puede hacer horas adicionales y engrosar su salario, algo que los efectivos de la Metropolitana tienen prohibido por la ley que creó esa fuerza.

El legislador también anunció que el PRO insistirá con la prohibición de los trapitos, amparándose en el trabajo de la Justicia. “Lo que buscamos es simplificar las denuncias para que las fiscalías puedan actuar de oficio. De ninguna manera se puede cobrar en lugares donde está permitido estacionar, es absurdo. Tampoco estamos de acuerdo con regularlos en ciertos sectores de la Ciudad (postura que el Frente Para la Victoria mantiene hace años). Si existe un problema social, hay otros caminos para resolverlo”.

También afirmó “en la zona de los estadios se están haciendo controles más estrictos. El problema surge en la dificultad de identificar el delito. Nuestro proyecto se debatió con los fiscales para simplificar las denuncias, que son muy engorrosas, por eso se caen”.

Para lograr la aprobación del proyecto hacen falta 31 votos y como la bancada macrista tiene 28 legisladores necesita sumar al menos otros 3. En la oposición tienen posturas muy diferentes sobre el tema. Un propuesta impulsada por Suma+ busca prohibir la actividad en general pero permitir el trabajo de trapitos con autorización, que no podrán cobrarles a los conductores por estacionar pero sí recibir propinas. En tanto, el Frente para la Victoria planteó desde un primer momento la posibilidad de legalizar la actividad y crear un “Registro de Cuidadores de Vehículos”.

Respecto a los manteros, Arenaza afirmó “somos respetuosos del trabajo de la gente, pero no vamos a permitir que exista ilegalidad en las calles de la Ciudad. Hay manteros que tienen ganas de trabajar, con todo en orden y sin intención de delinquir. Para ellos, queremos crear un circuito comercial, como en Retiro, donde fue un éxito. Para ello, deben tener monotributo social, precisar de donde proviene la mercadería” y agregó “hace poco estuvimos en Flores y Caballito por zonas donde antes no se podía transitar y ahora se descomprimió”.

En abril, el Gobierno porteño desalojó a los manteros apostados sobre 10 cuadras a lo largo de la Avenida Avellaneda, en Flores, lo que produjo incidentes con las policías Metropolitana y Federal. El rechazo radicó en el desalojó y también la reubicación a un galpón en Once, donde según manteros y vendedores ambulantes, hay capacidad para sólo 80 puestos de trabajo.

Arenaza también destacó “buscamos combatir el contrabando. Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informaron que ya aumentó más de un 30% la venta de comercios en la Avenida Avellaneda. Tenemos que seguir avanzando. Hoy tenemos las herramientas para actuar y lo estamos haciendo, con la policía Metropolitana no alcanzaba”.

Al ser consultado sobre la urbanización de villas porteñas, en particular por la Villa 31, interminable puja de competencias entre Nación y Ciudad que ahora no sería tal siendo Cambiemos el gobierno unánime, Arenaza señaló”estamos muy contentos, porque después de muchos años vamos a poder trabajar en la urbanización de villas, ya que ahora si hay diálogo con el gobierno nacional”.

En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad aprobó la ley de urbanización de las villas 31 y 31 bis, que en ese momento tenían una población de unas 26.000 personas. Hasta la fecha, el plan no se ha iniciado, pero su anuncio desató una ola de especulación inmobiliaria y un boom de crecimiento demográfico y edilicio, con la expectativa de que los habitantes de la villa podrían volverse propietarios definitivos de terrenos en la zona.

El diputado adelantó que “estamos terminando los últimos ajustes de un proyecto para integrar a las villas a la trama urbana de la Ciudad, queremos que el Estado intervenga. Hace poco hubo un operativo para sacar a los narcotraficantes de la villa 31. La gente está feliz, contenta”.

Por último, Arenaza se refirió al debatido protocolo de seguridad anunciado por la ministra Bullrich, que para muchos no se cumple. “Está mal interpretado. No busca represión, ni cercenar el derecho a la protesta como se ha dicho, sino que busca ordenar. El protocolo no prohíbe las marchas, sino interrumpir el tránsito. Si uno quiere realizar una marcha, un día antes se tiene que anunciar. En la Ciudad es un poco más complejo, porque se organizan marchas todo el tiempo, pero estamos trabajando en ello”.

19/5/2016

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