Uruguay prepara su estrategia para enfrentar su segundo litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en un proceso iniciado por una empresa de telecomunicaciones con sede en Miami que operó a nivel local.

La firma Italba Corporation alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en 2000 para brindar servicios de banda ancha, cosa que, según la empresa, implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos y por tal razón reclama una indemnización de US$ 100 millones.

La compañía ingresó su reclamo ante el Ciadi el pasado 24 de marzo, según publicó La Diaria una semana después en base a información que divulgó el portal especializado Global Arbitration Review. La empresa, en un comunicado que emitió ayer, sostuvo que fue víctima de una “expropiación”.

El Ciadi es el organismo que tramita desde 2010 una demanda de Philip Morris contra Uruguay por las medidas antitabaco impulsadas por el gobierno alegando una violación al convenio de inversiones vigente con Suiza. Este caso, que fue el primero que el país tuvo que afrontar ante el órgano especializado del Banco Mundial, tendrá resolución en pocos meses.

El presidente Tabaré Vázquez encomendó al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, diseñar y realizar el seguimiento del reclamo iniciado por Italba Corporation ante el Ciadi. El funcionario viajará el lunes a Washington para reunirse con los abogados del estudio jurídico que representará a Uruguay en el marco de este litigio.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El Observador que la estrategia del gobierno ante el reclamo será que el planteo se realizó vencido el plazo máximo de tres años para llevar a cabo el arbitraje que prevé el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos. El gobierno argumentará que las resoluciones que dieron lugar al reclamo de la empresa son de 2011, pero el planteo en el Ciadi se formuló en 2016.

Además, Uruguay alegará que Italba Corporation está impedida de llevar a cabo el arbitraje porque recurrió al ámbito judicial local ya que impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) las resoluciones por las que el Poder Ejecutivo le retiró las autorizaciones para operar y también las frecuencias que utilizaba. El TCA falló a favor de la empresa en octubre de 2014.El canciller Rodolfo Nin Novoa declaró semanas atrás a La Diaria que Uruguay tiene “argumentos muy sólidos” para enfrentar el reclamo de Italba Corporation.

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